La figura de la “motosierra” como símbolo de recorte del Estado y de todo aquello señalado meramente con fines recaudatorios avanza en distintas direcciones en la primera semana del gobierno de Javier Milei y envalentona a distintos legisladores.
Una de ellas es la diputada Patricia Vásquez, quien asumió el domingo su banca por el PRO como representante de Buenos Aires, y tal como había propuesto en campaña presentó un proyecto para eliminar los Registros de la Propiedad Automotor, a los que apunta por dos aspectos: lo burocrático de los trámites y lo costoso que acaba siendo para todo aquel que tiene que realizar un trámite, a pesar de que la DNRPA (Dirección de Registro Nacional de la Propiedad Automotor) anunció recientemente su digitalización.
La iniciativa de Vásquez, además, va más más allá y promete acabar con la VTV/RTO tal y como funciona ahora, con la verificación policial, con las chapas patente y con el grabado de autopartes y de cristales.
“Queremos terminar con el robo de los registros automotores. Otro de los inventos de la política para saquearnos con impuestos, burocracia y trámites. mi propuesta es terminar con esa intermediación que al ciudadano de a pie lo vuelve loco y le genera un costo injustificado. Proponemos crear un Registro Único Nacional Digital que centralice todo con un arancel único no ligado al valor del auto y una patente única de por vida vinculada a la persona y no al vehículo”, sostiene la legisladora del PRO.
Su iniciativa promueve la creación del Registro Único Nacional Digital Automotor (RUNDA) a nivel nacional y que sea de “acceso libre, público, de datos abiertos y autogestión de trámites”. En su artículo 11 consigna que “al inscribirse un automotor en el RUNDA por primera vez, corresponderá emitir el título de propiedad al adquirente que será expedido por la plataforma en formato digital como instrumento público” y “la identificación alfanumérica (patente), será vinculada al DNI o CUIT del adquirente”.
La diputada Patricia Vásquez propone una patente única para toda la vida.
De esta forma, “las personas físicas tendrán una sola patente de individualización vinculada a su DNI toda su vida”, mientras que “las personas jurídicas la tendrán vinculadas a su respectivo CUIT”; en caso de “poseer varios automotores tendrán la misma cantidad de códigos alfanuméricos como vehículos posean con dicha vinculación”. En caso de venta o transferencia, el vehículo adoptará la patente de identificación del nuevo propietario.
Según se establece en el artículo 26 no será un trámite gratuito y tendrá un “arancel único” que se aplicará sobre las transferencias de dominio y como “costo de servicio”, que no guardará “relación al valor del bien a transferir” y que “no debe superar el 1,5 % del valor del automotor”, cuando actualmente es del 6% del valor del vehículo.
La propuesta de la flamante diputada consigna que estarán exceptuados del pago el Estado tanto nacional, provincial como municipal; los organismos autárquicos, los entes descentralizados, las empresas del Estado, así como los diplomáticos, los consulados y las personas con discapacidad incluidas en la Ley 26.378 y Ley 27.044.
Todo será digital (incluida la firma), se podrá realizar de manera on line y permitirá agilizar por ejemplo la gestión de la denominada “cédula azul”, permitiendo que el titular del vehículo autorice a un tercero a usarlo dándolo de alta y de baja cuando quiera.
Por otro lado, el proyecto plantea la simplificación de la actual de Verificación Técnica Vehicular (VTV) y Revisión Técnica Obligatoria (RTO) reemplazándolo por un control técnico que se pueda realizar en cualquier taller mecánico habilitado; los autos que tengan menos de 100 mil km y acrediten tener el service oficial completo, no deberán realizarlo y aquél que no lo haya hecho será multado económicamente para que lo realice con hasta un máximo del equivalente a 50 litros de nafta premium (el monto será destinado al bacheado del distrito)
A su vez se contempla la eliminación del grabado de autopartes y cristales y verificación policial por considerarlo meramente recaudatorio e innecesario.
La iniciativa apunta a eliminar la VTV tal como funciona actualmente.
ACARA, en la mira
En el apartado de Fundamentos, la iniciativa de la diputada Vásquez apunta directamente a la Asociación de Concesionarios de la República Argentina (ACARA) y propone la “eliminación de toda intermediación, cooperación técnica y financiera” de parte de esta entidad, tal como rige desde hace décadas.
“El ingreso de fondos que surgen de la venta de los formularios, chapas patentes, cédulas, títulos y la gestión registral, honorarios, convenio, etc. constituyen el fondo de cooperación técnica y financiera, que debe ser auditado por las propias autoridades del Ministerio de Justicia. Téngase en cuenta que el destino de esos fondos es extrapresupuestario y se aplica fundamentalmente al pago de contratos de personal que luego desarrolla actividades laborales para el propio Ministerio de Justicia y DDHH y del Ministerio de Seguridad de la Nación”, sostiene.
“Por otra parte ACARA, como ente cooperador, percibe comisiones por sus correspondientes tareas además de los conceptos descriptos. Hay que tener en cuenta que por ejemplo de las sumas recaudadas durante el año 2022 que fueron alrededor de $60.000 millones, el 80% quedaron en manos de los Encargados de Registros, por lo tanto con el arancel único se puede reemplazar el 20% que hoy percibe el Estado pero beneficiando a todos los argentinos“, agrega.
La legisladora insiste en que “esta actividad tercerizada genera un margen de rentabilidad importante. En las condiciones actuales su intervención no excede la mera intermediación, pues no incorpora valor al servicio”, ya que “ACARA, como ente cooperador, percibe comisiones por sus correspondientes tareas además de los conceptos descriptos”, por lo que sugiere -de mínima- revisar el contrato y el alcance de su intermediación.
“Hay que tener en cuenta que por ejemplo de las sumas recaudadas durante el año 2022 que fueron alrededor de $60.000 millones, el 80% quedaron en manos de los Encargados de Registros, por lo tanto con el arancel único se puede reemplazar el 20% que hoy percibe el Estado pero beneficiando a todos los argentinos”, detalla.
Específicamente en lo que hace al mercado de motos, el foco de este proyecto menciona la creación en 2010 de “un nuevo sistema de patentamiento, con la carga de una preinscripción, donde los Concesionarios de Motovehiculos inician dicho trámite en el portal provisto por ACARA, donde luego, imprimen un formulario, denominado ‘permiso de Circulación provisorio'” que “agregó un gasto adicional a la venta de cada formulario (que es de autogestión), pero de carácter obligatorio, para los concesionarios, recaudación que tiene la particularidad de no integrar el ‘fondo de cooperación técnica y financiare’ con el MDJYDH que determina la ley de Entes Cooperadores”.
“De este modo, ACARA, se constituye como un ente de posición dominante, que determina la creación de nuevos cargos, que, a todas luces, resultan por fuera del Sistema creado por la Ley”, remarca.
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