Un nuevo conflicto se sumó a la relación entre el gobierno nacional y las automotrices debido a que ocho de ellas fueron multadas por un total de $1.060 millones por ser acusadas de concertar el precio de venta de 0 km en Tierra del Fuego.
La multa impulsada por Secretaría de Comercio de la Nación alcanza a Toyota, Volkswagen, General Motors, Renault, Ford, Fiat, PSA (Peugeot y Citroën), las que deberán hacer efectivo el pago en un plazo de 10 días hábiles, bajo apercibimiento, para el caso de incumplimiento, de aplicar por cada día de mora los intereses a tasa activa del Banco de la Nación, hasta su efectiva cancelación.
Al mismo tiempo se las intimió a “que se abstengan de concertar el precio de venta de los vehículos” en el Área Aduanera Especial de Tierra del Fuego.
También se ordenó a las automotrices multadas que “se abstengan de impedir o dificultar de cualquier manera, que terceras personas importen o adquieran vehículos en cualquier lugar del mundo, para su reventa o utilización en el Área Aduanera Especial”.
Volkswagen, General Motors, Renault, Ford, Fiat y Peugeot fueron multadas con $150 millones cada una; a Toyota se le aplicó una sanción de $104,1 millones, mientras que Honda deberá pagar $56 millones. Todas sumas más que representantivas en un contexto muy delicado.
El rumor corrió por los pasillos de las terminales mencionadas el viernes a última hora y se reflejó en algunos diarios durante el fin semana; sin embarga faltaba que la sanción fuera publicada en el Boletín Oficial, cosa que ocurrió este lunes.
La resolución 27 de la Secretaría de Comercio, que lleva la firma de su titular, Augusto Costa, rechaza “toda otra práctica que tenga por objeto o efecto mantener los precios de los vehículos “a niveles similares a los vigentes en el territorio continental nacional o superiores a los que prevalecerían en un mercado abierto y competitivo”.
Las multas fueron dispuestas luego de que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) considerara que “se encuentra probado que se llevaron a cabo prácticas claramente perjudiciales para el interés económico general”.
Por qué se las castiga
“El organismo de control antimonopólico abrió sumario a esas firmas en marzo de 2010, luego de las investigaciones realizadas como consecuencia de denuncias recibidas a comienzos de 2008”, consigna la agencia Télam.
“Las prácticas imputadas a las ocho automotrices refieren a la concertación para fijar los precios a concesionarios de algunos modelos de vehículos 0 km en Tierra del Fuego, al mismo nivel que en el territorio continental nacional”, agrega.
Según la CNDC, las compañías también trasladaron a precios impuestos a la importación y otros, de algunos vehículos extra Mercosur, pese a que estaban exentos; o bien, en algunos casos pagaron esos tributos -cuando en realidad no era obligatorio- para que esos automotores no compitieran en ventaja con los demás, ofrecidos a precios iguales que en el territorio continental.
Del mismo modo, la CNDC comprobó la importación de cantidades reducidas de vehículos extra Mercosur libres de arancel de importación.
Se informó que la Secretaría de Comercio ordenó a las terminales multadas “el cese de toda conducta que derive en la no comercialización de los repuestos, cobertura de las garantías y servicios de post venta de los productos de sus respectivas marcas, independientemente de que las ventas se hayan realizado a través de sus concesionarios oficiales o por medio de cualquier otro canal, y con prescindencia de la existencia de estipulación contractual alguna”.
Y dispuso que se abstengan de toda conducta tendiente a no ceder licencia para Configuración de Modelo, o cualquier otro documento o elemento que se requiera para el ingreso y/o la venta de vehículos de su marca en el Area Aduanera Especial.
En la isla están “conformes”
El secretario de Comercio Interior de Tierra del Fuego, Sebastián Oyarzún, dijo sentirse “muy conforme” con la resolución adoptada el viernes y oficializada hoy.
“Esta medida confirma que las terminales se pusieron de acuerdo en fijar para Tierra del Fuego precios superiores a los que correspondían, obviando todos los beneficios impositivos que tiene la provincia a través del régimen de promoción económica fijado por la ley 19.640”, declaró Oyarzún.
El funcionario destacó que la investigación se inició en 2008 a raíz de la presentación realizada por un estudio jurídico de Ushuaia, lo que luego dio lugar a un dictamen de la CNDC y ahora a la sanción rubricada por Comercio Interior.
Agregó que la investigación podría continuar ahora por el rol que desempeñaron los importadores de los vehículos y también las concesionarias locales, mencionadas en la denuncia inicial.
“En principio lo que debería suceder es que las terminales modifiquen la conducta detectada y eso se traduzca en una reducción del precios de los autos en Tierra del Fuego”, agregó Oyarzún.
