El último día hábil de 2017 trajo aparejado una (mala) noticia para los consumidores argentinos: el gobierno nacional decidió postergar la entrada en vigencia de la obligatoriedad del Control de Estabilidad, que estaba previsto para el 1 de enero de 2018.
Este elemento de seguridad activa, conocido como ESP o ESC, debía estar incorporado en todos los modelos nuevos que se comenzaran a comercializar en nuestro país. Sin embargo, argumentando una estrategia común con el mercado de Brasil -donde no estaba prevista esta norma- Argentina dejó sin efecto la medida y la postergó hasta 2020.
Sabido es que ambos países están trabajando en mejorar las relaciones comerciales en pos de facilitar el intercambio, pero esta determinación borra con el codo el acuerdo que automotrices y gobierno nacional habían firmado en 2014.
Los consumidores, rehenes de esta decisión, no tienen otra manera de quejarse que la de evitar comprar vehículos sin Control de Estabilidad, aunque eso implique que deban pagar de más.
Ejemplo de cómo el ESP puede evitar un accidente ante una maniobra brusca a velocidad moderada.
Rechazo de Latin NCAP
Ni bien se conoció la postergación de la entrada en vigencia del Control de Estabilidad, los representantes del Programa de Evaluación de Vehículos Nuevos para América Latina y el Caribe (Latin NCAP) se dirigieron directamente al gobierno argentino, al Ministerio de Transporte y a la Agencia Nacional de Seguridad (ANSV) “con el fin de informar y solicitar a los responsables de que no sigan adelante con esta lamentable decisión.”
Los argumentos que empleó fueron: “Latin NCAP entiende que el gobierno argentino, al igual que los otros gobiernos de la región, deben introducir regulaciones sólidas y transparentes para mejorar la seguridad de los vehículos. Asimismo entiende que los fabricantes de automóviles deberían ofrecer a los consumidores la misma protección básica que ofrecen a sus clientes de las economías maduras.”
Por otro lado, enfatizó que “las últimas pruebas de choque realizadas por Latin NCAP, han demostrado que los fabricantes de automóviles pueden construir vehículos en nuestra región cada vez más costeables y con seguridad de cinco estrellas, eso implica la inclusión de ESC, tecnología que está demostrado que salva casi tantas vidas como el cinturón de seguridad.”
Según Latin NCAP, “gran cantidad de los incidentes viales que se ven a diario en rutas y que se aducen a impericia del conductor podrían ser evitadas con el ESC. La incorporación inmediata de este sistema es lo correcto para la seguridad vial y para los consumidores de Argentina. Latin NCAP entiende que si la razón de la postergación es acompasarse con el mercado brasilero, Argentina perdió la oportunidad de liderar en la región en esta materia.“
El secretario general de Latin NCAP, Alejandro Furas, opina que “mientras esta tecnología que salva vidas no se haga obligatoria como estaba acordado en 2018, los fabricantes la seguirán ofreciendo como opcional cobrando por ella varias veces más del costo real haciendo pagar al argentino más por seguridad básica de otros mercados. Creemos que este es el peor efecto de dicha decisión, que los argentinos que decidan por más seguridad se vean forzados a pagar varias veces el costo real por ella. En tanto que si es obligatoria, todo argentino que compra un vehículo caro o barato con gran esfuerzo económico hubiera tenido esta protección básica desde 2018″.
“El gobierno debería haber antepuesto la seguridad de entre 1 a 2 millones de argentinos que en los próximos cuatro años comprarían un nuevo vehículo o harán uso de un nuevo vehículo para trabajar (sea taxi, remise u otro), ante el interés económico de unos pocos de demorar esta exigencia y ampliar sus ganancias por un tiempo más”, agregó Furas.
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