El recorte de impuestos y tasas impulsado por la reforma integral que quiere llevar adelante el presidente Javier Milei desató polémicas e instaló discusiones en torno a la necesidad de bajar costos innecesarios que alimentan a lo que el mandatario llama “la casta”.
Uno de ellos tiene que ver con lo que sucede a la hora de patentar un vehículo 0km o bien transferir un usado, por lo cual distintos legisladores posaron la lupa sobre la operatoria de los Registros Automotor, por lo que se propuso su eliminación en distintos proyectos (leer acá).
Ahora, son los concesionarios de autos usados los que decidieron dejar en claro su postura y remarcar que el alto costo de las transferencias se debe no los aranceles sino a la carga impositiva que conllevan estos trámites de acuerdo al distrito donde se realizan, y que es potestad de los gobiernos provinciales y municipales hacer algo por revertir esta cuestión.
Las entidades que agrupan a las agencias señalan que el aumento total de los aranceles para concretar el trámite de la transferencia de un automotor durante “el período 2022-2023 fue del 96,38%, habiendo sido el IPC de ese período casi del 300%”.
El comunicado dado a conocer este jueves por la Cámara del Comercio Automotor, señala:
Ante versiones dadas a conocer sobre el costo de la transferencia de automotores en el país, se reunieron Alberto Príncipe, presidente de la Cámara del Comercio Automotor (CCA) y Alejandro Lupo, titular de la Federación Argentina de Cámaras del Comercio Automotor de la República Argentina (FACCARA).
Ambas instituciones que representan en Argentina a más de 3.000 empresas, consideraron importante informar a la opinión pública que, en la transferencia de los vehículos usados, el costo de los aranceles registrales no superan en ningún caso, el 2% del valor del auto en todo el país.
En el año 2022 los aranceles tuvieron un aumento del 40,62% y en 2023 un 55,76%. El aumento total en el período 2022-2023 fue del 96,38%, habiendo sido el IPC de ese período casi del 300%.
El resto de los conceptos que integran el costo de una transferencia corresponde a impuestos que son exclusiva responsabilidad, tanto de los gobiernos provinciales como municipales (impuestos de sellos, reclamo de infracciones de tránsito y de patentes).
El costo termina siendo de una magnitud inusitada, producto no por la transferencia del vehículo en sí, sino por los agregados diversos que se fueron sumando en el tiempo.
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